Nueva Cultura Despierta
La reforma de la Ley de Salud Mental abre un debate entre profesionales, juristas y trabajadores territoriales
El debate por la posible reforma de la Ley Nacional de Salud Mental volvió a instalarse con fuerza y generó distintas miradas entre profesionales, trabajadores del sistema público, referentes comunitarios y especialistas del ámbito jurídico. La discusión atraviesa un punto sensible: cómo garantizar derechos, tratamientos adecuados y recursos reales para abordar los padecimientos mentales y los consumos problemáticos.
La licenciada Claudia Mella, profesional del campo de la salud mental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sostuvo que revisar la ley puede ser necesario, pero advirtió que cualquier modificación debe evitar retrocesos en el paradigma de abordaje construido en los últimos años.
Según explicó, revisar la normativa no implica tener una mirada sesgada ni abandonar el enfoque basado en derechos. En ese sentido, remarcó que no es ambiguo hablar de padecimiento mental y que, por el contrario, resulta estigmatizante recaer únicamente en diagnósticos centrados en la idea de “trastorno”.
Mella también cuestionó las miradas que vuelven a plantear el modelo manicomial como respuesta principal. “Pensar en sostener manicomios como centros de atención es un encierro en sí mismo de la salud mental”, afirmó, subrayando la importancia de fortalecer dispositivos comunitarios y abordajes interdisciplinarios.
Desde el trabajo territorial, el licenciado Oscar Molteni, referente del Centro Integral de Abordaje Territorial (CIAT) de Sedronar en Ensenada, advirtió que algunos aspectos del proyecto podrían significar un retroceso en el enfoque interdisciplinario que propone la ley actual. Según explicó, si se privilegia el accionar de instituciones monovalentes o decisiones individuales por sobre los equipos terapéuticos, se corre el riesgo de volver a modelos centrados en el encierro.
En la ciudad de Los Hornos, Marcela Pastore, integrante de la Fundación FuDeSo de La Plata, remarcó la importancia de fortalecer el acompañamiento comunitario y las estrategias territoriales, entendiendo que muchas de las problemáticas vinculadas a la salud mental requieren abordajes integrales que no pueden limitarse únicamente al ámbito clínico.
El médico psiquiatra Guillermo Fernández Dadams, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también se sumó al debate señalando la importancia de revisar los recursos existentes para garantizar tratamientos adecuados y accesibles para las personas que atraviesan padecimientos de salud mental y consumos problemáticos.
Desde el campo jurídico, el doctor en abogacía Pablo Altamirano, de la provincia de Corrientes, sostuvo que una eventual reforma puede ser positiva siempre que se garantice el pleno respeto a los derechos de las personas.
“La reforma legal proyectada será bienvenida y valorada positivamente siempre y cuando se garantice el irrestricto respeto a los derechos fundamentales y las garantías inherentes de los pacientes, asegurando estándares adecuados de calidad asistencial y utilidad terapéutica en el ámbito de la internación”, explicó.
Altamirano subrayó que, cuando las internaciones resultan necesarias, deben formar parte de un abordaje integral orientado a la recuperación y a la reinserción social.
También desde el ámbito legal, el doctor Gustavo Salgado, abogado de la ciudad de Ensenada, planteó que uno de los debates centrales gira en torno al carácter excepcional de las internaciones que establece la ley vigente. Según explicó, en el caso de las adicciones muchas veces la realidad clínica muestra que los procesos de recuperación requieren instancias de internación, lo que abre una discusión sobre la capacidad del sistema para dar respuesta a esa demanda.
La licenciada Saldaña, referente del dispositivo Kala en el barrio de Belgrano (CABA), recordó que el debate sobre la ley no es nuevo. “Hace años que trabajamos con propuestas para introducir cambios en la ley de salud mental”, señaló, destacando la necesidad de que las experiencias territoriales sean escuchadas en la discusión.
Desde el acompañamiento directo a personas en procesos de recuperación, Damián Martínez, operador terapéutico del espacio Volver a Empezar, subrayó un aspecto central del trabajo cotidiano: “Es importante el acompañamiento de las personas, sobre todo en el área de salud mental”, afirmó, destacando el valor del sostén humano en los tratamientos.
A estas miradas se suma también la voz de Héctor Molina, militante de Madres contra el Paco, quien sostuvo que el problema de los consumos problemáticos requiere una legislación específica y políticas públicas sostenidas.
“Para las personas que sufren de adicción es necesaria una ley específica y no una normativa tan general como la de salud mental. Muchas veces se siguen dictando leyes desde atrás de un escritorio sin contemplar en lo más mínimo la realidad que se vive en los barrios”, expresó.
Molina también advirtió que ninguna ley puede sostenerse si no existe un compromiso concreto del Estado. “Si detrás de cualquier ley no está el Estado para sostenerla no tiene ningún sentido. Si no hay presupuesto, no hay ley que se sostenga”.
Por su parte, Laurentz Andriessen, trabajador del Estado y militante por los derechos humanos y la salud mental, recordó que la ley vigente surgió para superar las prácticas históricas de encierro en los manicomios y promover un modelo de atención basado en derechos. Sin embargo, advirtió que uno de los principales problemas sigue siendo la falta de recursos para aplicar plenamente la normativa.
Entre miradas que reclaman revisar aspectos de la ley y otras que advierten sobre posibles retrocesos, el debate continúa abierto. En lo que sí coinciden la mayoría de las voces es en un punto central: sin políticas públicas, financiamiento y dispositivos de atención, ninguna reforma legal por sí sola podrá resolver la compleja realidad de la salud mental.
